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Graves ataques a transportistas de fuerzas de seguridad

FADEEAC denuncia que continúan los “atropellos gravísimos” contra los choferes en algunas provincias y municipios. Imágenes en foto y video de los ataques.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) repudió el recrudecimiento de los abusos de autoridad, las violaciones del orden constitucional, los atropellos a la dignidad de los trabajadores y la violencia física por parte de fuerzas de seguridad provinciales hacia los choferes. Todo esto ocurre en el marco de los controles que provincias y municipios pretenden implementar en el marco de la pandemia de COVID-19.

Entre los abusos, la entidad destacó la colocación de fajas en la puerta de los camiones para encerrar a los conductores en las cabinas de los vehículos, las condiciones inhumanas de aislamiento, las detenciones ilegales e incomunicación, los abusos físicos y brutalidad policial, la discriminación y las tasas municipales ilegales que encarecen el costo del transporte.

Más información, en el comunicado de prensa a continuación de las imágenes y el video…


COMUNICADO DE PRENSA – FADEEEAC

Las empresas de transporte no dan más y denuncian graves violaciones constitucionales

  • Debido al recrudecimiento de los abusos de autoridad, las violaciones del orden constitucional, los atropellos a la dignidad de los trabajadores y la violencia física por parte de fuerzas de seguridad provinciales, FADEEAC sale en defensa de los derechos de sus trabajadores.

Buenos Aires, 4 de junio.- A raíz de que algunas provincias y municipios continúan incurriendo en atropellos gravísimos hacia los choferes, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) desea manifestar su total repudio a toda disposición de los ejecutivos provinciales y municipales, autoridades administrativas, policiales y judiciales que afecten la dignidad humana de los trabajadores del transporte de cargas.

En especial, contra aquellos hechos que se han agravado de manera preocupante en los municipios de Azul y Madariaga de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, la provincia de San Luis, la provincia de Chaco, la provincia de Formosa, la provincia de Tucumán y la provincia de Jujuy, donde las autoridades, de manera anárquica, confunden límites provinciales con fronteras internacionales e incurren en verdaderos actos autoritarios e ilegales utilizando a la fuerzas policiales como instrumentos violatorios de las libertades más básica de todo ser humano.

El abuso de las fuerzas pública, el maltrato, la discriminación, el ataque a las libertades de tránsito, el cobro de tasas de desinfección –verdaderas cajas paralelas municipales y provinciales- hacen insostenible la prestación del servicio. La situación de crisis por grave que sea, no puede justificar el atropello a la dignidad humana y a las garantías constitucionales más básicas de nuestra Nación.

Hemos agotado todo medio de diálogo con las autoridades ejecutivas de las provincias y municipios mencionados, por lo que no nos queda más remedio que judicializar la defensa de nuestros choferes y de nuestra actividad. Tomaremos a partir de ahora todas las medidas necesarias hasta erradicar cualquier acto discriminatorio, autoritario y abusivo que menoscabe la dignidad de los trabajadores, quienes ante la grave crisis que nos convoca cumplen una función social fundamental desde el día uno.

Lamentamos que el espíritu demagogo, caudillesco y autoritario de algunos Gobernadores empuje al país hacia una crisis adicional de desabastecimiento con consecuencias terribles para toda la sociedad.

Ante la falta de respuestas frente a una situación que venimos soportando hace dos meses, la responsabilidad de la autoridades de esta Federación de empresarios nos lleva tener que extremar la posición. Si no hay respuestas que detenga los abusos, los argentinos nos tendremos que preparar para un desabastecimiento masivo.

Mapa de los abusos

1- Fajas para encerrar a los choferes

Diferentes provincias y municipios del país implementaron un método de fajas en la puerta de los camiones del transporte de cargas para encerrar a los choferes en las cabinas de los vehículos durante el tiempo que permanecen en territorio de la jurisdicción que implementa la medida. Bajo amenaza de multas millonarias y prisión para el transportista que rompe la faja, estas localidades aseguran que es un método preventivo para evitar contagios de coronavirus. Los choferes se ven imposibilitados de ir al baño o descender frente a alguna emergencia por lapsos de tiempo de hasta 12 horas.

2- Condiciones inhumanas de aislamiento

Es frecuente que los lugares destinados para realizar los periodos de cuarentena no estén preparados para tal fin. Muchos de nuestros transportistas son obligados a dormir y vivir en construcciones tipo carpas, contenedores sin ventanas y en condiciones de hacinamiento ideales para el contagio del virus.

Además, la infraestructura en la que se realizan controles es inexistente para cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas para la prevención de contagios: largas filas para realizar trámites muchas veces a la intemperie, incluso en lugares donde ya comenzaron las nevadas.

3- Detenciones ilegales e incomunicación

Se han recibido denuncias de choferes detenidos e incomunicados de manera arbitraria, que además se los hacina en pequeños cuartos sin ningún tipo de condición sanitaria o barrera de distanciamiento.

4- Abusos físicos y brutalidad policial

Se reportaron abusos de las autoridades policiales en distintos puntos del país. El que ha tenido mayor visibilidad ha sido el de la localidad de General Madariaga, en donde la policía desfiguró a puñetazos a un transportista.

5- Discriminación

Los abusos y malos tratos se generan bajo el prejuicio de considerar a todos los transportistas potencial foco de contagio estigmatizando de esta manera a personas que se exponen para cumplir con un servicio esencial.

6- Tasas ilegales

Recibimos denuncias de distintos transportistas sobre aparición de tasas municipales aprovechándose de la pandemia y de la crisis sanitaria con fines estrictamente recaudatorios que no hacen más que encarecer los costos del transporte en medio de una fuerte crisis. Por otra parte, gobiernos provinciales como el de Jujuy, elevó las multas para los transportistas llevándolas de $40.000 a $1.000.000 de pesos.

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